Fue el pasado veintinueve de agosto cuando el Consejo de Gobierno de la Universidad Europea de Madrid decidió, en una junta extraordinaria, que María José Campanario no podría renovar su matrícula para cursar sus estudios de odontología por estar imputada en delitos dolosos. Tres días después se convocó una reunión en la que, tras conocer el fallo, Campanario rompió a llorar. Todos los sueños rotos en mil pedazos. Campanario cree que es la víctima de una imparable caza de brujas que conseguirá acabar con ella. Enjuga lágrimas de impotencia y desilusión. No es de extrañar. Por eso ha decidido poner el asunto en manos de su abogado, Francisco Bocanegra, quien me garantiza que ya ha iniciado las acciones pertinentes contra el centro, no sólo por no haber renovado la matrícula a su cliente, sino por la metodología que han usado para comunicárselo: “Ya se ha presentado la denuncia contra la Universidad, pero de momento tenemos que esperar a que se admita a trámite. Todo tiene un proceso y, por lo tanto, ahora hay que darle tiempo. De todas formas –sigue con la misma amabilidad- mi defendida remitirá una nota de prensa a todos los medios de comunicación porque considera que debe aclarar algunos de los aspectos de los que se debate en todos los espacios”.
En su escrito, Bocanegra ha alegado que la decisión que ha dejado compuesta y sin universidad a su mandante, fue tomada de forma frívola, con total desconocimiento de su situación actual. Apreciación que ha encolerizado a los responsables de la entidad, que advierten que todos los alumnos tienen acceso a la Normativa General para las Enseñanzas Oficiales de Grado en la que, entre otras cosas, se establece que la Universidad se reserva el derecho a la no renovación de la matrícula anual de aquellos individuos cuyas conductas o hechos puedan suponer un mal ejemplo para la institución y para el resto de los compañeros. De manera particular, el punto dos de la citada normativa, señala el estar inculpado en un procedimiento penal por un delito doloso, caso de Campanario. Se entiende, por tanto, que los directivos de la Universidad no han urdido ninguna estrategia para prohibirle que cumpla su sueño. Únicamente se refieren a sus estatutos para emprender cuantas acciones sean necesarias para garantizar el bienestar de los usuarios.
A este respecto, me aclaran que “María José ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz porque ha cometido dos delitos dolosos. La sentencia, que reconoce su inculpación en la comisión de ambos delitos, es la que nos ha llevado a valorar que se estaba produciendo una merma en el correcto funcionamiento de la institución, incompatible con la permanencia en ésta, cuyos valores formativos se rigen por la rigurosa exigencia de calidad e integridad en todos los ámbitos”. Del mismo modo, demostrando que la decisión no tiene vinculación con la fama de la alumna, la Universidad Europea de Madrid ha comunicado a la afectada que pondrá todos sus esfuerzos en ayudarla a trasladar su expediente: “además no lo tendrá muy difícil porque todas aquellas asignaturas que tenga superadas podrá convalidarlas en cualquier otro centro. Así mismo queremos aclarar que la Facultad devolvió el lunes por la mañana las tasas que se abonaron por la prematricula”.
A pesar de la implacable medida, los responsables del centro quieren reconocer públicamente que, desde que María José se matriculara en la facultad, sus estudiantes, el claustro de profesores, directivos y empleados, han convivido respetuosa y pacientemente con el interés que, evidentemente, suscita entre los medios de comunicación, que tenían gran presencia en el campus, a pesar de que la Universidad Europea es un recinto privado, cuyas instalaciones se encuentran al servicio del estudio, la reflexión crítica y el trabajo del estudiante y personal docente.
Por Saúl Ortiz
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